Desprotección ciudadana ante la Ley General de Telecomunicaciones

Ecologistas en Acción y más de 50 organizaciones de personas afectadas por enfermedades crónicas ambientales y/o de afectación al sistema nervioso central e inmunológico, junto asociaciones vecinales y de consumidores, denuncian la “barra libre” a las teleoperadoras para el despliegue del 5G y su Internet de las cosas.
Las entidades señalan que la nueva Ley General de Telecomunicaciones vulnera derechos ambientales, de salud y privacidad consagrados en la Constitución, incluidas determinadas competencias autonómicas y municipales de participación ciudadana y de transparencia.
Las organizaciones recogerán firmas en diferentes localidades del Estado a favor de la Iniciativa Ciudadana Europea STOP 5G, que cuestiona el proceso de aceleración de la digitalización inalámbrica, ligada al 5G y el Internet de las cosas.

La Coalición Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad (CONFESQ), Electro y Químicos Sensibles por el Derecho a la Salud (EQSDS), Ecologistas en Acción, federaciones de asociaciones vecinales y asociaciones de consumidores, entre otras, se suman a las reivindicaciones del 24 de junio, Día internacional contra la contaminación electromagnética.

Los objetivos de la campaña de este año son: la denuncia de la Ley General de Telecomunicaciones aprobada el 9 de junio; el apoyo a mociones municipales aprobadas por la moratoria del 5G, como la de Hoyos (Cáceres) el pasado 1 de junio; y la recogida de firmas en diferentes localidades del Estado a favor de la Iniciativa Ciudadana Europea “STOP 5G”.

Para las organizaciones sociales y ambientales, la Ley General de Telecomunicaciones no atiende a las centenares de alegaciones proteccionistas presentadas:

Ignora el principio de precaución y la evaluación ambiental. El Defensor del Pueblo, en su dictamen sobre el despliegue del 5G (2019), reprobó que no se aplicara la normativa de evaluación ambiental vigente ni las recomendaciones de la Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, tomando “todas las medidas razonables para reducir la exposición a los campos electromagnéticos”.
El estudio del Comité de Evaluación de Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA) del Parlamento Europeo también cuestiona los límites de exposición a radiofrecuencias en los que se basa esta ley. Asimismo, solicita abiertamente a europarlamentarias y europarlamentarios establecer una moratoria del despliegue del 5G y reducir la exposición a las radiofrecuencias.
Ignora y no evalúa el aumento progresivo del consumo energético de las redes, especialmente del 5G, de su huella de carbono y la afectación climática. Así lo alertan el Alto Consejo por el Clima (HCC, Francia 2020) o la Guía de la ‘Comisión Iberoamericana de Protección Radiológica de Campos Electromagnéticos’ (CIPRACEM, 2021), que remarca “el fuerte impacto de las comunicaciones inalámbricas en el cambio climático” (ver apéndice 2) y aconseja a las autoridades apostar por internet por cable con redes de fibra óptica, “muy superiores a las inalámbricas en velocidad, seguridad y costo”, para evitar un daño que se está produciendo “al planeta y a la gente sin obtener beneficios a cambio”.
Incumple los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medioambiente, regulados en la Ley 27/2006, de 18 de julio, y en el Convenio de Aarhus. La nueva ley liberaliza y desregula las telecomunicaciones, ya que impide exigir una autorización previa. También fomenta la opacidad al calificar de “confidencial” el contenido de los proyectos. E impide conocer dónde se va a colocar una antena 5G o “un punto de acceso inalámbrico para pequeñas áreas”.
No atiende al principio de transparencia ni a los conflictos de interés contemplados en la Ley General de Salud Pública. Permite seguir avalando informes de organizaciones lobistas como el Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS), del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT). El CCARS y la ICNIRP ya fueron cuestionados por conflictos de interés en ámbitos científicos, sociales y del Parlamento Europeo.
Elimina competencias autonómicas, municipales y de la ciudadanía. Para ello, impide expresamente a comunidades autónomas y entes locales aplicar las recomendaciones de la Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que incumple el Estado español.
Así incapacita en este ámbito la aplicación de lo dispuesto en el Título VIII de la Constitución, la Carta Europea de Autonomía Local y la normativa básica de régimen local, donde los municipios disponen de competencias propias en materia urbanística, de salud y medio ambiente, así como, entre otras, las de vigilancia sanitaria reconocidas en la Ley 33/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública.
No repara en el conocimiento actual ni estimaciones futuras de los impactos del uso innecesario de las nuevas tecnologías y las “pantallas”, ni incluye pautas para educar en su uso responsable, seguro y sobrio, especialmente a la población infantil y juvenil.

El Manifiesto Infancia y Pantallas 0-6 (lanzado por personas expertas del ámbito de la salud y la educación, colegios profesionales, asociaciones de familias, sociedades de pediatría) ya alertó en mayo de 2022 sobre los efectos en el desarrollo cerebral, los efectos en la salud y el desarrollo físico, así como los efectos en la salud emocional.

Apoyo a las mociones municipales por la moratoria y recogida de firmas

En el marco del Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética estas organizaciones sociales realizarán actos informativos y pondrán mesas de recogida de firmas, a favor de la ICE STOP 5G, en diferentes localidades del Estado. Sus mensajes: regular una limitación de la exposición a las radiaciones en base al principio de precaución; proteger al ambiente de la hiperdigitalización inalámbrica (energívora, implicada en el calentamiento global y el extractivismo minero); y garantizar la privacidad y frenar las estrategias tecnológicas de control social.

Además, las organizaciones trabajan para favorecer normativas y prácticas locales biosostenibles, con el impulso de debates y mociones como la aprobada por unanimidad el 1 de junio en Hoyos (Cuenca).

Julio Carmona, portavoz de Ecologistas en Acción, ha declarado: “En una fecha como hoy queremos recordar que urge atender a las alertas científicas a favor de tecnologías y prácticas biosostenibles para frenar una progresiva desprotección ciudadana y ambiental que se presenta como ‘verde y digital’, pero que tiene fuertes impactos para las personas y el planeta”.

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